La masiva destitución de jueces ecuatorianos tiene pocas explicaciones. O se trata de un caso patético de falta de profesionalidad y ausencia de calidad. O estamos frente al fenómeno de la corrupción. O, alternativamente, desde la política se trata de definir “como” deben actuar los jueces, a la manera de meros “agentes” del Poder Ejecutivo. O todo ello, sumado
La imagen que proyecta la justicia ecuatoriana es francamente mala. Hay informes especializados que sugieren que no sólo es de bajo nivel de profesionalidad, sino que, peor, en ella anida una extendida corrupción, lo que pareciera surgir, por ejemplo, del conocido “vía crucis” que Chevron está recorriendo en el caso de “Lago Agrio”, en torno al cual se han ido amontonando esas sospechas. Tratándose de un país “conducido” por Rafael Correa, ello no debería realmente sorprender a nadie.
Correa ha puesto en marcha una operación de destitución de jueces que se inició cuando algunos de ellos se pronunciaron respecto de la “insubordinación (asonada) policial” del 30 de septiembre de 2010, a la que Correa pretendió caracterizar como “intento de golpe de Estado”, para así “victimizarse” -envuelto en el dramatismo- una vez más. Hubo entonces seis juicios penales en los que actuaron 45 jueces, en tres diferentes instancias. Trece de ellos fueron separados de sus cargos por sus opiniones. Al no definir los magistrados lo sucedido como Correa pretendía, se los calificó de “negligentes” o se los acusó de haber cometido un “error inexcusable”. Por “no coincidir” con el discurso único de Correa. Por disentir con él. Falta presuntamente gravísima, que el llamado “Consejo de la Judicatura de Transición” sanciona con la destitución.
En rigor, esa entidad destituyó a 459 funcionarios judiciales. De ellos, nada menos que 324 eran jueces. A lo que se agregó la suspensión de otros 232 jueces. Una pasada de filtro o “purga”, disimulada como “democratización” de la justicia.
La mayoría de los defenestrados eran jueces “de carrera”, por oposición a “políticos”. El período de la fronda se extendió desde el 25 de julio de 2011 al 11 de enero de 2013, de manera implacable. En ese plazo se amontonaron unos 1.390 sumarios judiciales. Como si todo se hubiera podrido de golpe en ese tradicionalmente tranquilo ambiente.
Simultáneamente, a la manera de Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina, Correa había fustigado a los jueces desde los púlpitos del poder, con toda suerte de gruesos epítetos calificándolos de “corruptos”, “malos” o “negligentes”. Esto de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial no existe para los “bolivarianos” y sus compañeros de ruta. Los tiene sin cuidado. Para ellos intimidar y amedrentar a los jueces es cosa de todos los días. Es un estilo y una conducta, entonces.
Desde el 2010 los medios de prensa ecuatorianos hablan de “presiones” de Correa y los suyos sobre los jueces, en procura de influenciar sus conductas y decisiones. Insistentes, por lo demás. Esto pese a que la “Ley Orgánica de la Función Judicial” de Ecuador dispone que los magistrados naturalmente no pueden ser amonestados por sus actos jurisdiccionales; como lo son los fallos y las sentencias. Pero una cosa es lo que dispone la ley y otra, bien distinta, la realidad cotidiana. Adiós, entonces, al “estado de derecho” y a todo lo que esa frase supone.
La masiva destitución de jueces ecuatorianos tiene pocas explicaciones. O se trata de un caso patético de falta de profesionalidad y ausencia de calidad. O estamos frente al fenómeno de la corrupción. O, alternativamente, desde la política se trata de definir “como” deben actuar los jueces, a la manera de meros “agentes” del Poder Ejecutivo. O todo ello, sumado.
Para la imagen externa de Ecuador, muy malas señales. Cuando un país somete a su justicia a los designios de sus circunstanciales autoridades, deja rápidamente de ser confiable. No es que Ecuador lo fuera bajo la mano de Rafael Correa, pero si lo fue, ha dejado de serlo. Al menos para quienes analizan la posibilidad de invertir allí. Y, ni que decir, para los propios ecuatorianos, que seguramente, frente al cuadro de extendida manipulación de su justicia, temen constantemente -con toda razón- por la vigencia de sus libertades esenciales.
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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