A pedido del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, preparó un informe escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El texto del mismo está fácilmente disponible en Internet. La descripción que allí se hace de la realidad venezolana es devastadora. En esta breve nota nos limitaremos a comentar algunas de sus afirmaciones más graves.
 

• El gobierno de Venezuela trata de imponer una hegemonía comunicacional, con su propia versión de los hechos, creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.
• Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados y se han documentado detenciones arbitrarias de personas por expresar sus opiniones en las redes sociales.
• El estado de derecho está erosionado y las instituciones democráticas venezolanas desmanteladas.
• Los servicios de inteligencia venezolanos son responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a opositores políticos y a sus familiares.
• Los opositores políticos son tildados de traidores y agentes desestabilizadores. De esta manera se criminaliza la oposición mediante disposiciones vagas y se utiliza la jurisdicción militar para juzgar a personas civiles.
• Los familiares de opositores son maltratados y torturados. Además, las mujeres son sometidas a violencia sexual y de género y a humillaciones en sus visitas a los centros de detención, así como en las operaciones de seguridad y allanamientos de domicilios.
• La policía hace uso excesivo de la fuerza con la finalidad de infundir miedo y desalentar manifestaciones. Muchos manifestantes son maltratados o torturados.
• En la mayoría de las detenciones se somete a las mujeres y a los hombres a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, con aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y temperaturas extremas. Estas prácticas se utilizan de manera habitual para extraer confesiones, intimidar y sancionar a los detenidos. A las mujeres se las arrastra por el pelo, se las toca inapropiadamente, se las amenaza de violación y se las somete a desnudez forzada. El acceso a la asistencia sanitaria básica es restringido y denegado.
• Se documentaron casos de ejecuciones extrajudiciales en los vecindarios pobres.
• Se plantaron armas y drogas y se disparó contra las paredes para simular enfrentamientos y acusar a las víctimas de “resistencia a la autoridad”. Las Naciones Unidas documentaron ejecuciones de jóvenes meramente por sus participaciones en las protestas antigubernamentales de 2019.
• Al 6 de junio de 2019, más de 4 millones de personas abandonaron Venezuela. Las razones tienen que ver con la alimentación y con la salud, así como con el derecho a vivir con dignidad.
• Las Naciones Unidas afirman que existen motivos razonables para creer que se han cometido violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y a la salud en la Venezuela actual.
• Toda persona que pueda articular posiciones críticas al gobierno y movilizar a otras personas corre el riesgo cierto de ser perseguida.
• El Estado venezolano ha denegado sistemáticamente los derechos de sus víctimas de violaciones, de los derechos humanos, a la verdad, la justicia y la reparación.

 
La simple lectura de los párrafos precedentes abona la recomendación de las Naciones Unidas a la administración de Nicolás Maduro de adoptar de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos. En particular, las violaciones graves como son la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
 
Cabe destacar que entre un listado largo de recomendaciones, las Naciones Unidas postulan el inmediato desarme y desmantelamiento de los grupos armados civiles pro-gubernamentales. Esto es de los llamados “colectivos armados” y garantice, además, la investigación de los delitos por ellos cometidos.
 
Las autoridades y jefes militares de Venezuela deberán, tarde o temprano, garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, así como por los abusos cometidos por ellos o con su complicidad.
 
Cualquiera que se refiera a la situación en materia de vigencia de los derechos humanos y libertades civiles y políticas en Venezuela no puede ignorar, ni por un minuto, el contenido del informe presentado por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación interna que impera en Venezuela, donde las autoridades y fuerzas de seguridad recurren con frecuencia a delito de la tortura, al que someten a todo aquel que esté en desacuerdo con la administración fraudulenta de Nicolás Maduro y se anime a expresar sus disidencias.
 
No hay espacio ya para el disimulo ni para las cortinas de humo con los que se procura ocultar la verdad de lo que sucede en Venezuela. La magnitud de las violaciones de las que son responsables Nicolás Maduro y sus jefes militares deberá ser investigada por la justicia. Con la mayor severidad, en memoria y reconocimiento de todos aquellos que se sacrificaron para tratar de modificar el rumbo ciertamente dictatorial que Nicolás Maduro y los jefes militares antes aludidos han impreso en una Venezuela que se ha transformado en una verdadera e inocultable tragedia humanitaria que avergüenza a América Latina toda. Las Naciones Unidas han contribuido a documentar la verdad venezolana. Y, por aquello de que “la verdad padece, pero no perece”, el Informe comentado se ha transformado, casi instantáneamente, en una pieza documental histórica.
 
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.