A Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, no le ha gustado nada que lo acusen de haberse dado unas subvenciones. Ha puesto el grito en el cielo, ha bramado, iracundo y encolerizado, ante ese reproche. Según su versión, todo son denuncias falsas en medio de una gestión cristalina y sin tacha. Ha dicho más. La democracia, para López Garrido, no puede ponerse en manos de los desaprensivos profesionales que sólo buscan acabar arteramente con los cargos públicos. En un Estado de Derecho no se pueden exigir dimisiones a las primeras de cambio porque alguien acuse a otro tramposamente. Hasta ahí, el discurso de López Garrido rezuma una ágil y contundente defensa propia, pero también una buena dosis de sentido común con la que sólo es posible coincidir.             

Pero, claro, no había vuelto a tomar aire después de hacer ese alegato cuando exclama que lo de los otros, sin embargo, sí que es grave; lo de los otros exige purgar de inmediato las responsabilidades, aplicar todas las penas, cesar a la carrera a los señalados y condenarlos sin paliativos. La presunción de culpabilidad (la de inocencia simplemente no se presume siquiera) debe operar de forma automática sólo para los otros, pero no para el político socialista. 
       
La reacción de López Garrido es muy poco constructiva y útil para formarse una opinión correcta sobre las sospechas que brotan, se extienden, se fundan o inventan en torno a los cargos públicos un día sí y otro también. Nos ha decepcionado que un jurista como él tenga tan clara la división de las culpas, de las dudas o de los indicios según se trate de él mismo o de los otros, los que tiene enfrente.