Jueces de toda España protagonizarán una huelga histórica en nuestro país. Está previsto que unos 1.700 miembros de la Judicatura, de los 4.400 jueces que hay en activo en estos momentos, secunden esta medida. “Es una situación de degradación del sistema y el Consejo General del Poder Judicial tendrá que tomar las medidas que considere oportunas”, ha afirmado Bermejo en la víspera.
Bermejo: “El CGPJ tendrá que tomar medidas”
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, reconoce, en declaraciones a la Cadena Ser, que vive “negativamente” y con “sabor amargo”, incrementado por su condición de fiscal, la primera huelga de jueces de la historia de España convocada para hoy.
Bermejo ha rehusado responder cuáles son en su opinión las causas que han llevado a los jueces a este paro, aunque en repetidas ocasiones ha venido apuntando a las opiniones del Gobierno en el caso Mari Luz como el desencadenante del descontento. “Alguna respuesta tengo, pero yo no debo explicarlo”, ha insistido Bermejo, que ha señalado que sólo una “parte minoritaria” de los jueces secunda la huelga.
El paro fue convocado el pasado 21 de enero por 31 partidos judiciales, entre ellos los de las grandes capitales, y posteriormente se sumaron dos asociaciones, la Francisco de Vitoria, con 570 afiliados, y el Foro Judicial Independiente, con 260.
“El CGPJ dijo claramente que no había marco legal; los jueces se han marcado a sí mismos los servicios mínimos”, ha lamentado el ministro. Los únicos asuntos que se atenderán en los juzgados donde se siga el paro serán las bodas ya previstas, los enterramientos y las causas muy urgentes, según acordaron el pasado sábado una treintena de jueces y miembros del comité de huelga de las dos asociaciones convocantes.
Para Bermejo, resulta también incomprensible que las demandas salariales de los jueces, que quedaron aparcadas tras los primeros contactos con el Gobierno, vuelvan a ser uno de los pilares de la protesta.
Las causas
Al margen de la subida salarial, las principales quejas de jueces y magistrados se centran en su oposición a la pretensión del Gobierno de retirarles la agenda de señalamientos de las vistas en favor de los secretarios judiciales, además de solicitar una reforma estructural que incluya inversión en modernización y la creación de 1.200 juzgados más en cinco años para equipararse a la media europea.
Los jueces españoles se encuentran desbordados cada año por los millones de asuntos que entran en los tribunales, unos 8.908.495 en 2008, año en el que los órganos jurisdiccionales resolvieron 8.570.089 y dictaron 1.487.012 sentencias, según las cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El resultado es que, al inicio de cada año, la cuenta no está a cero. A 31 de diciembre de 2008 en los tribunales había 2,5 millones de asuntos en trámite, a los que irán sumando los que entren en 2009.
Los jueces denuncian que una amplia mayoría de la Judicatura trabaja muy por encima de sus posibilidades, ya que deben atender a un número muy superior de asuntos al previsto en los módulos de trabajo establecidos por el CGPJ para cada oficina judicial. Este colapso de la Administración se traduce en que en ocasiones los ciudadanos deben esperar meses e incluso años para que la Justicia resuelva sus problemas.
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