Mal asunto que los periódicos suplanten a los jueces y resuelvan en editoriales pactados si una norma es constitucional o no lo es, o decidan quién o qué representa la dignidad, nada más y nada menos que la dignidad, de un pueblo. Bastante tenemos ya con la corte de papel, los juicios paralelos, las penas de telediario y el sesgo descaradamente partidista de algunos medios como para orientar a capón una sentencia del Tribunal Constitucional demorada desde hace tres años. Presionar a nuestra más alta instancia jurisdiccional no me parece muy instructivo ni un buen ejemplo para ofrecer a los ciudadanos.

 

Llueve además sobre un charco inmenso de reacciones inquietantes. Desde Cataluña, algunas fuerzas políticas llevan semanas poniéndose todo tipo de vendas antes de no se sabe qué herida; niegan legitimidad al Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña; se le pide abiertamente que se inhiba; se sugiere sin el menor recato que cesen todos sus miembros; se descalifica de antemano su dictamen; se anuncian respuestas, ofensivas, críticas y protestas sin que parezca escandalizarse casi nadie ante la intolerable y reiterada injerencia.

 

Desde el PSOE, la ministra de Defensa ataca al PP para que retire su recurso de inconstitucionalidad porque “va contra Cataluña”. Al final, en este disparatado planteamiento se señala aviesamente a los enemigos, se inventan las afrentas, se promete una bronca monumental y ante la imposibilidad absoluta de reconocer la eventualidad siquiera de algún error sobre el Estatuto, sobre los límites de la soberanía o de la autonomía, se lanzan en tromba contra quien ose dudar de sus infalibles intenciones.