En momentos en que la amenaza secesionista sobrevuela España, el autor se pregunta si someter a los diputados
un aspecto de la vida pública que corresponde al poder ejecutivo, y no al legislativo, no es alterar la división de poderes.

Opinión: Pascual Tamburri
La Constitución española durante cuya vigencia más muertes y sufrimientos se
han producido es la de 1931, la Constitución republicana que derivó –por una
u otra razón- en la guerra civil de 1936. No es éste lugar para debatir la
relación entre uno y otro hecho; pero sí es momento de recordar que en aquel
texto, jurídicamente brillante y estilísticamente más que aceptable, qué
duda cabe, “España renunciaba a la guerra como instrumento de la política”.

Es momento de recordarlo porque el Gobierno de España rumia ahora un
proyecto de Ley Orgánica por el que la acción de nuestras Fuerzas Armadas
quedará delimitada por las Cortes, por las organizaciones internacionales a
las que España pertenezca y por el llamado derecho internacional. De tal
suerte que, en el futuro, si este proyecto sigue adelante, cualquier español
podrá acudir a los Tribunales para declarar ilegal la acción exterior del
gobierno, ejercida a través de los Ejércitos, si no concurren estas tres
voluntades.

Tres voluntades dispares y disparatadas, si uno las considera atentamente.
Bien es verdad que el pueblo es soberano y que esa soberanía se ejerce a
través de las Cortes, en determinados aspectos. Pero someter a los diputados
un aspecto de la vida pública que corresponde al poder ejecutivo, y no al
legislativo, ¿acaso no es alterar la división de poderes? En todo caso, este
aspecto del proyecto es discutible, y se demostrará con el tiempo, por poco
flexible, inoperante, pero no es dramático.

El drama puede llegar de las otras dos voluntades que deberán confluir para
cada paso que un soldado español dé por el mundo. Someter el núcleo último
de la soberanía, el recurso legítimo a las armas que desde el fin de las
teocracias y del feudalismo corresponde al Estado, a la voluntad de otros
Estados –y agrupaciones de Estados- es tanto como renunciar a la soberanía.
¿Qué organización internacional autorizó la intervención militar en Perejil?
Ninguna. Aceptar ese principio es aceptar una inferioridad jurídica
permanente frente a los restantes partícipes en esas Organizaciones, que no
se han obligado en el mismo sentido ni tienen intención de hacerlo.

En cuanto al Derecho Internacional, ¿qué decir? Que es un Derecho
convencional, basado en los pactos y acuerdos y en su observancia, pero que
no tiene una base moral única. Es más; nace de la desaparición de la
pretensión teológica totalizante, y de la aceptación de un realismo basado
en la fuerza y los intereses. Poco estético tal vez, pero camino de paz y en
todo caso de regulación de la guerra.

Con Álvaro d´Ors hay que recordar que la guerra es un “constante fenómeno
histórico”. Los buenos deseos no cambian la naturaleza humana, y a veces
consiguen sólo sacar de los hombres lo peor. Negando el ius ad bellum, el
derecho a recurrir a las armas para defender el interés soberano, se termina
por destruir el ius in bello, las reglas internas que humanizan y civilizan
la guerra. Y el proyecto de Zapatero y de Bono puede terminar en esa
terrible dirección: si declaramos “ilegal” la guerra no la evitaremos,
porque estará ahí como siempre ha estado desde que el hombre es hombre.
Pero, a cambio, convertiremos cada guerra en una lucha entre el Bien y el
Mal, en la que los Buenos harán una Guerra Legal y Justa contra los Malos. Y
el siguiente paso lógico es negar a esos Malos cualquier derecho humano.

Ugo Spirito llamó a este análisis la “férrea ley de la realidad”,
denunciando la hipocresía de quien defiende un status quo elevándolo a norma
jurídica. La historia de las Naciones Unidas, desde su origen como coalición
de países aliados en guerra, demuestra la incoherencia y los peligros para
la paz y para la justicia misma de una juridización farsesca de la guerra.
Una potencia media como España tiene todo su interés en poder defender por
sí misma o con alianzas estrechas, fiables y bilaterales sus intereses. El
resto puede se utópico y terminar siendo dramático.