Que el gobierno norteamericano tuviera el máximo interés en que el caso Couso no prosperara judicialmente en España entra de lleno en el terreno de la lógica. Las filtraciones publicadas por Wikileaks ponen de manifiesto el ingente trabajo diplomático destinado a ese fin.

 

Zapatero, por boca del ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, proclamó en su día en el Parlamento su respeto supremo a la instrucción judicial y a la autonomía del fiscal y prometió “toda la colaboración” para esclarecer este desgraciado asunto. Ahora sabemos que mientras Zapatero daba una cara a la opinión pública y a la familia de José Couso, trabajaba bajo cuerda para archivar la eventual responsabilidad de los militares USA en la muerte de nuestro compatriota en Bagdad.

 

Para algunos medios de comunicación españoles lo más destacado y escandaloso es que Estados Unidos presionó al gobierno y a los fiscales para conseguir su propósito. Pero hay que subrayar también que el Gobierno mediaba para evitar las órdenes de detención; que mintió con descaro cuando aseguraba que iba a respetar la autónoma actuación de la fiscalía; que engañó a los familiares de Couso y a todos los ciudadanos que confiaron en que la Justicia sería independiente y ciega. Esto no es lógico.