En las últimas semanas detallamos las gravísimas consecuencias de la exitosa tarea de demolición llevada a cabo por Cristina Fernández de Kirchner respecto de la fenomenal máquina de producir que ha sido siempre el agro argentino, hoy prácticamente quebrado.

Su objetivo real, como explicamos, fue el de apoderarse abiertamente de lo sustancial de la renta del campo y dejarlo así absolutamente exhausto, mediante una presión fiscal absolutamente inédita. De 94,1 pesos de carga tributaria total sobre cada 100 pesos de ingresos. Brutal, entonces. Confiscatoria. Como ocurriera en su momento con los “kulaks” rusos, el odio y los resentimientos de los actores K estatales fueron decisivos al tiempo de tomar la increíble decisión de dañar inconmensurablemente al agro argentino.

Pero hay otras formas de ordeñar, que –a veces- golpean más de lo que uno cree. En la Argentina, según acaba de acreditar el diario Clarín, en su edición del 29 de septiembre pasado, la diferencia entre los precios que paga el consumidor de productos del campo y los que recibe el productor es realmente increíble: en septiembre pasado, los primeros eran nada menos que 7,51 veces más altos que los segundos. El cálculo se hizo utilizando una canasta compuesta por 20 productos de consumo masivo de origen agropecuario.

Veamos el detalle. La acelga, por ejemplo, tiene una brecha entre ambos precios del 20,86. No del 20,86%, sino de 20,86 veces más altos los precios al consumidor que los precios al productor. La manzana, por su parte, una que es 15,44 veces más, alta a favor siempre de los precios al consumidor, cuando se los compara con los que se pagan al productor. Pero hay más, en el caso del arroz, las diferencias de precios son de 14,41 veces. En el del limón, de 12,57 veces. En el de la pera, de 12,12 veces. Y en el de las naranjas, de 10,72 veces. Las uvas habían llegado a una diferencia de 40 veces. Y así, sucesivamente.

La síntesis es que los productores reciben una porción, casi insignificante, de los precios a los que sus productos se venden a los consumidores. Y el Estado contempla esta distorsión sin hacer nada. La tolera. Con su inacción, en rigor la estimula. Tiene ciertamente muchos instrumentos para actuar, pero no lo hace.

¿Quiénes se quedan con la utilidad? El Estado, a través de los impuestos asfixiantes con los que grava al productor. También los transportistas, los intermediarios y los oligopolios de la distribución mayorista, a los que el gobierno contempla, sin conmoverse. Suicida, como actitud, obviamente. A lo que se suma la “política” cambiaria del gobierno que mantiene un tipo de cambio no competitivo que se une al esfuerzo por dañar al campo.

Por esto no extraña que, durante la gestión de los dos Kirchner, esto es desde el 2002, el campo argentino haya perdido (expulsado) nada menos que a 95.000 productores, que cesaron en sus empresas, cerrándolas. Haga la cuenta: casi dos por día, incluyendo sábados, domingos y feriados. Un auténtico desastre, hijo del odio descontrolado de los K al campo.

Emilio J. Cárdes es ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.