De alguna manera, para que entre efectivamente en vigencia es necesario advertir que la paz tiene costo. Y estar dispuesto a pagarlo.

El gobierno de Colombia y los líderes de las FARC han avanzado mucho en sus negociaciones de paz con el objetivo de poner fin a más de medio siglo de activa guerra subversiva en Colombia, la que todavía conforma el conflicto armado interno más antiguo de América Latina que ha dejado una triste estela luctuosa de unos 220.000 muertos. Las negociaciones, cabe recordar, se iniciaron formalmente hacia fines del 2.012.

Cuando se transitan ya las que podrían ser las últimas etapas de las conversaciones de paz, las partes convinieron en tratar de “blindar” el acuerdo, de modo de que sobreviva a los ataques contra su validez que presumiblemente podrían intentarse, en Colombia y fuera de ella. Para darle de ese modo estabilidad y permanencia, así como para tratar de garantizar su validez y seguridad. Y para, además, impedir que futuros gobiernos de pronto procuren dejarlo sin efecto, modificarlo o hasta eventualmente desconocerlo.

Para ello, lo primero es que el acuerdo de paz que se alcance, para poder entrar formalmente en vigencia, deberá ser previamente aprobado en un referendo especial, mediante el voto de todos los colombianos que serán llamados a pronunciarse explícitamente sobre el mismo. Sin esa aprobación, el acuerdo no entraría en vigor.

En este sentido, las encuestas más recientes indican, claramente, que el 68% de los colombianos concurriría a votar y que, de ese porcentaje, el 57,2% aprobaría el acuerdo de paz y el 33,2%, en cambio, votaría en contra. En sólo un mes, la intención de voto a favor de los acuerdos se incrementó un 15%, lo que es bien auspicioso. Aunque lo cierto sea que tan sólo el 55% de los colombianos cree que finalmente la paz con las FARC habrá de firmarse.

Además, se dará al acuerdo el llamado “rango constitucional” y el carácter convenio especial dentro del llamado derecho internacional humanitario.

Esto supone nada menos que “incorporar” al acuerdo de paz a la Constitución política misma de Colombia. Un mecanismo inédito, que a primera vista puede lucir exagerado; pero lo que se busca es conformar un cerrojo inviolable que proteja su validez y éste luce muy fuerte. La incorporación, a estar a los trascendidos supondría una aprobación por parte del Congreso Nacional y una confirmación expresa de su validez y legalidad que debería, además, ser pronunciada por la propia Suprema Corte de Colombia.

Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, se daría al acuerdo de paz el carácter de “acuerdo especial” y se procuraría que, al respecto, exista alguna “bendición” específica por parte de las Naciones Unidas. Quizás hasta una resolución de la Asamblea General, aunque sus decisiones no sean necesariamente vinculantes, ni obligatorias.

Queda aún por delante convenir y materializar algunos pasos que son realmente esenciales. Como son el cese el fuego y el desarme real y efectivo de los insurgentes. Sin ellos no habrá garantía alguna de paz. Ni estabilidad para que entren en vigor.

Los términos del acuerdo son ciertamente controvertibles. De alguna manera, para que entre efectivamente en vigencia es necesario advertir que la paz tiene costo. Y estar dispuesto a pagarlo. El problema puede naturalmente estar en el “quantum”. Para algunos, las penas previstas para los responsables de crímenes que son aberrantes y abominables que se han acordado son demasiado indulgentes o casi inexistentes, en rigor.

Pero no hay que olvidar que estamos frente a un acuerdo de paz negociado, en el que ninguna de las partes ha sido en rigor “vencida”. No es, entonces, una rendición incondicional. Hay dos partes que creen tener algún equilibrio. Es, en rigor, una decisión conjunta de dejar la violencia de lado. Lo que es importante, pero distinto.

Y es también cierto que existe una fuerte agrupación política, el Centro Democrático, liderada por el hoy senador y ex presidente Álvaro Uribe, que está opuesta a sus términos, a los que califica como “golpe de estado”. A lo que cabe apuntar que el 58% de los colombianos sigue sosteniendo la imagen y creyendo en Álvaro Uribe. Por esto su posición final sobre los acuerdos de paz será muy significativa.

Hay quienes harán lo imposible para tratar de hacer fracasar el acuerdo de paz. Como Uribe es ciertamente el gran responsable de que la guerrilla marxista no se haya apoderado de Colombia (lo que naturalmente no puede olvidarse, ni minimizarse) su parecer (aunque uno no esté realmente de acuerdo con su particular visión del proceso de paz) no es, ni puede ser tenido, como una posición menor. Es bien importante. Con aplausos, o sin ellos. Por su propio peso específico.

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas