“Moro es un valiente. Pero, cuidado, tiene sus imperfecciones serias. Hablamos de actitudes que, por su gravedad, deben ser corregidas para no arriesgar lo que se ha avanzado en el esfuerzo por desentrañar los distintos nudos de corrupción que se están investigando.”
El juez federal de Curitiba, en Brasil, Sergio Moro, se ha transformado en una figura nacional dotada de una notable aureola de popularidad. Esto quedó absolutamente demostrado en oportunidad de la reciente tercera ola nacional de manifestaciones multitudinarias convocadas por las organizaciones de la sociedad civil contra la continuidad de Dilma Rousseff. Ola que atronara las calles de las principales ciudades de ese país, donde el nombre del juez fue vivado por la gente.
No es frecuente que esto suceda con un magistrado. Pero hay una razón poderosa: su corajuda embestida contra la corrupción, enfermedad social y moral que es endémica en Brasil. Concretamente, contra lo que aparece como una inundación de pagos ilegales y coimas de todo tipo en la órbita de actuación de la empresa estatal petrolera del Brasil, Petrobrás.
Moro es un valiente. Pero, cuidado, tiene sus imperfecciones serias. Hablamos de actitudes que, por su gravedad, deben ser corregidas para no arriesgar lo que se ha avanzado en el esfuerzo por desentrañar los distintos nudos de corrupción que se están investigando. El mismo debería hacerlo.
Una de ellas es particularmente grave. Ocurre que Moro no cree que la llamada “prisión preventiva” sea una medida cautelar y la ha transformado -ilegalmente- en un instrumento de intimidación, sino de castigo. En una pena más, entonces. Que él ha creado y que él mismo aplica, desenfadadamente. Lo que viola el artículo 5 de la Constitución Federal de su país y desnaturaliza totalmente el uso de la medida antes mencionada, de la que dependen no solo la “presunción de inocencia”, sino el “derecho a la defensa” y, en consecuencia, el “debido proceso legal” todo. No es poco, obviamente.
Es necesario recordar que las “prisiones preventivas” tienen dos propósitos: (i) asegurar que los detenidos no escapen al alcance de la justicia; y (ii) que no obstaculicen las investigaciones, frustrándolas. Así de claro.
Esto ha sido expuesto por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ocupó específicamente del delicado tema en diciembre de 2013, produciendo un informe especial. Lo hizo preocupada por lo que denominó, con toda razón, como verdadera enfermedad “crónica” en nuestra región, esto es el abuso fenomenal que entre nosotros se hace de las “prisiones preventivas”, dictadas sin que la prueba de la existencia de un delito -más allá de toda duda razonable- haya sido debidamente realizada. Brasil es, precisamente, un buen ejemplo de ese grave abuso judicial, desde que allí nada menos que el 41% de todas las prisiones decretadas son “prisiones preventivas”.
Lo grave es que en el caso específico del juez Moro el tema tiene una preocupante característica. Porque el propio Sergio Moro ha estado bregando ideológicamente, desde hace rato ya, por tratar de desnaturalizar el uso de la “prisión preventiva”. Por hacer, entonces, lo que ahora está haciendo, en violación de la ley. Esta empeñado en ello desde el 2004, cuando publicara una nota titulada “Consideraciones sobre la Operación Mani Pulite”, en una prestigiosa revista de Brasilia.
Allí Moro dice, entre otras cosas, que la “presunción de inocencia” es “apenas un instrumento pragmático destinado a impedir la prisión de inocentes”, como si esto fuera poco. Agregando que “no debería existir mayor óbice moral para decretar esa prisión, especialmente en casos de gran magnitud”, en “países de recursos escasos”. Lo que es claramente una posición inaceptable para cualquiera que crea que garantizar y preservar las libertades civiles y políticas de todas las personas por igual, en todo momento, es importante.
Preocupadas por lo que sucede, las distintas asociaciones de abogados de San Pablo emitieron recientemente un comunicado conjunto, en el que no sólo recuerdan aquello de que “el fin no justifica los medios” sino que señalan lo obvio, o sea que “el país necesita instituciones sólidas, investigaciones y procesos penales conducidos dentro de las normas constitucionales, jueces imparciales, policías comprometidos con investigaciones lícitas y fiscales que ejerzan la acusación con serenidad”. Para no herir de muerte al derecho de defensa. Y castigar a justos y pecadores, por igual. Demoliendo así el Estado de Derecho.
Por esto es tiempo de alertar sobre esta situación que, por su entidad, se está transformando en una amenaza que podría, de pronto, malograr lo hasta ahora logrado por el juez Moro, que es nada menos que poner a la vista de todos la nube de corrupción que anida en el sector público de su país. Enfermedad a través de la cual los políticos de la izquierda vernácula se han enriquecido inmensamente mientras generan y se aferran a un flujo ilegítimo de recursos con los que, además, se eternizan en el poder.
Como ocurre además en aquellos países en los que esa izquierda “caviar” (autodenominada “bolivariana”) se ha hecho del poder -y se mantiene en el- con toda suerte de disfraces y argucias.
Por eso el comprensible enojo de la gente en Brasil, que es una mezcla de comprensible hartazgo moral y de fea sensación de haber sido manoseada inescrupulosamente por los políticos. Defraudada entonces, en todo el sentido de esta palabra.
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
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