El próximo 22 de marzo se reunirá la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esa oportunidad Ecuador continuará insistiendo para que se aprueben las reformas que propone a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todas, destinadas a debilitarla.

Pese a que, en la “reunión preparatoria” del lunes 11 de marzo pasado, en Guayaquil, las propuestas ecuatorianas tuvieron bastante poco impacto. Por esto último, Ecuador ha pasado los últimos días tratando de “cazar” los votos de algunos pequeños países del Caribe. Necesita 18 votos para lograr que se aprueben sus propuestas. Hoy no los tiene, aparentemente.

La mayoría de los países de la OEA parecen haberse inclinado por dejar de lado el fogoso pedido ecuatoriano de cercenar las facultades de la CIDH, impidiéndole dictar medidas cautelares. Además, esa misma mayoría pareciera haberse negado también a restringir el financiamiento de la CIDH a los aportes que realicen los Estados que pertenecen al “Pacto de San José de Costa Rica”. Como ni los Estados Unidos, ni Brasil endosan -para nada- en esto a Ecuador, sus propuestas presumiblemente no serán aceptadas y el debilitamiento de la CIDH que persiguen Rafael Correa y sus aliados, no se concretará.

Si los empujones de Rafael Correa no tuvieran efecto, la capacidad de protección de la CIDH en materia de derechos humanos no se recortaría.

No es imposible -sin embargo- que si Ecuador fracasara en su empeño, de pronto se retirara de la CIDH, pegándole un portazo al “Pacto de San José de Costa Rica”, tal como ya lo hiciera Hugo Chávez en abril de 2012, cuando Venezuela se retiró ruidosamente del “Pacto de San José de Costa Rica”.

Tradicionalmente, las decisiones de la OEA se toman por consenso. Difícilmente esto ocurra el 22 de marzo próximo. Sobre el tema de la CIDH claramente no hay unanimidad.

Curiosamente, la semana pasada la CIDH escuchó, en Washington, a varios periodistas y funcionarios de varios medios de difusión masiva ecuatorianos describir sus penurias ante los constantes ataques a la libertad de expresión de Rafael Correa y sus huestes. Esto no es sorprendente, desde que las agresiones a los periodistas independientes son constantes en Ecuador. A lo que cabe agregar que el 37% de ellas provienen directamente de los propios altos funcionarios públicos.

Correa se ha referido a los funcionarios de distintos medios despectivamente, calificándolos de: ignorantes, mentirosos, enfermos, psicópatas, o cobardes. Esto sucede con frecuencia, cuando Correa utiliza -hasta el hartazgo- la llamada “cadena nacional”. Correa, que ha montado, además, un multimedio oficial, con dineros públicos, no tolera las críticas, ni las disidencias.

Otro de los embates contra la CIDH que está llevando a cabo Rafael Correa apunta a trasladar la sede de la CIDH fuera de Washington. Cristina Fernández de Kirchner -acompañando a su colega ecuatoriano- aspira a que la CIDH salga de Washington y se radique en Buenos Aires. No está, sin embargo, sola en su pretensión. También Panamá quisiera ser la futura sede de la CIDH.

Los ataques de Rafael Correa a la “Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y de Información” son los más virulentos de todos. Su blanco predilecto es la propia Relatora, la eficaz y corajuda abogada colombiana, Catalina Botero. Para Correa, la Relatoría no debiera recibir financiamiento externo, de ningún tipo. Sólo contribuciones de los Estados Miembros, de modo de poder cerrarle la canilla del dinero cada vez que Correa y los suyos crean pertinente, evitando así todo control o crítica que las incomode.

La CIDH, recordemos, es el órgano de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el continente americano. Está conformada por siete miembros elegidos a título personal en la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos propuestos por los Estados Miembros. Los aportes de los Estados Miembros sólo cubren el 30% de su presupuesto. Los Estados Unidos es el mayor donante, seguido de Canadá. La Argentina acaba de anunciar su decisión de transformarse en el donante “más importante” de América Latina, con una contribución anual de 400.000 dólares, cifra que denuncia -por sí misma- la poca importancia que, en los hechos, muchos de los países latinoamericanos atribuyen a la CIDH y a su cometido.

 Los dardos envenenados de Rafael Correa apuntan siempre a Catalina Botero. Porque la Relatoría a su cargo tiene funcionarios permanentes y recibe contribuciones de terceros, fundamentalmente de la Unión Europea y sus países, lo que, para Correa, es una “ingerencia externa” en los asuntos “internos” de la región. La verdad es obviamente muy otra. Rafael Correa no tolera a los medios independientes y los quiere sometidos siempre a sus designios.

 Si como todo parece indicar, la feroz embestida de Rafael Correa contra la CIDH fracasara, el populista ecuatoriano sugiere que habría un grupo de países de la región que está decidido a construir -en paralelo- “un sistema latinoamericano de derechos humanos”. Como si los derechos humanos no fueran universales, ni debieran ser respetados por todos de la misma manera. En rigor, su pretensión obviamente esconde la idea de tener un organismo sumiso, que sea su vasallo, y que, además, encuentre siempre alguna justificación oportuna para su inclinación por no respetar los derechos humanos, ni las libertades civiles y políticas de su pueblo.

 Queda visto que hay en la región mandatarios a quienes les incomoda enormemente la vigencia de los derechos humanos y la de las libertades individuales. Razón por la cual, pretenden cortar las alas de los organismos regionales encargados de vigilarlos y de tratar de asegurar su vigencia, lo que no puede silenciarse y es realmente una actitud lamentable. 

Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.