La última agresión es la sufrida por el periodista Jorge Lanata, que se ha dedicado a dejar en descubierto la corrupción en las más altas esferas de gobierno, ganando una asombrosa popularidad. Tan es así, que cuando su programa compite con discursos de la presidente, o con el futbol, el “rating” de Lanata los supera ampliamente. La gente se queda paralizada frente al televisor mientras Jorge Lanata, domingo a domingo, revela como se ha saqueado y sigue saqueando al Tesoro Nacional.

 

El propio Secretario de la Presidencia de la Nación acaba de hacerlo responsable de “asesinatos mediáticos”, razón por la cual el periodista agredido acaba de presentar una denuncia penal, que probablemente no llegue a nada porque el gobierno controla férreamente a muchos jueces y magistrados que actúan con total sumisión y, con mucha frecuencia, frustran -de cuajo o con demoras que apuntan a que las causa prescriban- los intentos como el de Jorge Lanata.

 

Pero la defensa de la impunidad del gobierno parece haber alcanzado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que (atacada por los “bolivarianos”, se ha vuelto una entidad de corte eunuco y llena de temores y precauciones) nada resuelve en materia de libertad de prensa en relación con Argentina. Pese a que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, también llamada “Pacto de San José de Costa Rica”, garantice expresamente en su Artículo 13 la libertad de pensamiento y de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace la vista gorda cuando de la Argentina se trata.

 

Incluso respecto de las peticiones y pedidos de audiencia formulados por periodistas realmente de nota, que han sido víctimas de agresiones, a las que simplemente la CIDH no atiende. Es más desde hace cuatro años un grupo de periodistas argentinos viene formulando un pedido de audiencia que ha sido sistemáticamente ignorado por la CIDH, como si nada pasara. Lo que es lamentable, por cierto. Pero es la dura realidad.

 

Como ocurre desde hace rato ya en el particular universo de las Naciones Unidas, donde los Estados Miembros que más violan los derechos humanos han inundado los cargos más importantes del ente, frustrando respecto de ellos mismos toda actuación que les resulte molesta, en la CIDH está sucediendo algo parecido.

 

Especialmente por acción de quienes admiran a los “bolivarianos”, que están impulsando la designación de comisionados con ideología muy parecida a la de los “bolivarianos”. Como ya ha sucedido con la paraguaya Rosa María Ortiz. Y como sucederá -a partir del 1 de enero de 2014- con la presencia en la CIDH del brasileño Paulo de Tarso Vannuchi, que alguna vez estuviera en el gabinete del ex presidente “Lula” de Silva, a cargo de la materia de los derechos humanos.

 

Por esto no es de extrañar que el temor a ser perseguidos o criticados haya llenado a algunos miembros de la Comisión de resquemores, con frecuencia disfrazados de prudencia en el andar. Quitando en consecuencia efectividad a un organismo ahora atacado desde adentro por quienes -en realidad- pretenden desnaturalizar sino neutralizar su importante misión. Como realidad es comprensible, ciertamente, pero está lejos de ser una situación ideal. Muy lejos, más bien.

 

Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner ha logrado impunemente distribuir -por toda una década- la publicidad oficial de modo de que nada de ella reciben quienes la critican y mucho en cambio (en rigor, todo) quienes, en contrapartida por la publicidad la aplauden sin cesar.

 

A lo que se agrega un atropello aún mayor, el de haber instruido a los avisadores más importantes cesar en la contratación de publicidad comercial en los medios independientes, generando así una enorme pérdida económica para esos medios, que ha puesto a algunos de ellos en una delicadísima situación financiera.

 

Para la CIDH nada de esto ha pasado, todo está bien. De no creer.