El gobierno nacional se mostró desfinanciado e incapaz de cubrir, con soltura, un déficit presupuestario creciente.

Para los inversores en papeles de deuda latinoamericanos Costa Rica ha sido, todo a lo largo de las últimas dos décadas, una emisora confiable. Era un país estable, ordenado, predecible y, esencialmente, un buen pagador. Por eso precisamente muchos la llamaban “la Suiza de América Central”. Con características parecidas a las de Uruguay, con frecuencia mencionada como “la Suiza de América del Sur”.
 
Pero nada es necesariamente eterno. Desde hace un mes, Costa Rica parece distinta. En las calles costarricenses hubo grandes manifestaciones de protesta que generaron violencia y choques con la policía. El gobierno nacional se mostró desfinanciado e incapaz de cubrir, con soltura, un déficit presupuestario creciente. Por eso el país se acercó al Fondo Monetario Internacional requiriendo un préstamo de 1,75 billones de dólares, aumentó “temporariamente” sus impuestos; y comenzó a vender activos del Estado, al tiempo que congelaba los salarios de su sector público. Para quienes Costa Rica es, con razón, un buen miembro de la OECD, lo sucedido resultó bastante sorpresivo.
 
El evidente “cambio de clima” en Costa Rica se sumó al fuerte nerviosismo que hoy generan Argentina y Ecuador respecto de su deuda pública.
 
Nuestro país, pese a haber reestructurado con éxito 65 billones de dólares en manos de bonistas del exterior, sigue sin proyectar estabilidad. Ni confianza. Su economía caerá este año casi el 12% del PBI y aparentemente tendrá una magra recuperación el año que viene, con un anémico crecimiento del 5% del PBI. Su torpe gobierno actual parece incapaz de definir con alguna claridad cuál será la estrategia económica a seguir en más, particularmente ante su fragilidad cambiaria y una inflación que crece cada vez más, a lo que se suma un déficit fiscal preocupante.
 
Ecuador, por su parte, tendrá elecciones en febrero próximo, y el ascenso en las encuestas de Andrés Arauz, el hombre de Rafael Correa, alimenta una comprensible ola de preocupación entre los observadores moderados.
 
En los más modernos Chile y Perú, es cierto, el populismo también avanza, y las instituciones, incluyendo los Fondos de Pensión, están debilitándose y siendo atacados políticamente. A lo que se suma que nuestra vecina Brasil tendrá este año un déficit fiscal también muy preocupante, que Michael Stott –desde las columnas del Financial Times- estima en un 17% del PBI.
 
En toda la región crece –en paralelo- un rechazo social pronunciado a las medidas de austeridad que la crisis requiere. Sectores públicos elefantiásicos y asfixiantes generan anemia económica por doquier. Pero los servidores públicos “están en otra”. No quieren perder posiciones, ni empleos. Se han vuelto nítidamente la nueva “clase dominante” de la región, lo que ciertamente es peligroso. Están “montados” sobre los hombros de los sectores productivos y no sólo se rehúsan al esfuerzo, sino que luchan por mantener los privilegios de los que hoy disponen.
 
Hay países en la región que necesitan ajustar sus economías, pero aquellos ciudadanos que –por ello- pueden perder posiciones y niveles de vida como consecuencia del ajuste, están dispuestos a “dar batalla” para impedir que su situación sea modificada. Encarnizadamente, si fuera necesario.
 
Lo que ocurre en la República Argentina, donde prácticamente toda la economía está colgada del sector agropecuario, gravando para ello sus exportaciones (como no ocurre en ninguna otra parte del mundo) no sólo es sugestivo, sino aleccionador. Para los argentinos, el rechazo a las reformas estructurales que se necesitan desde hace rato ya impulsará la continuidad de un penoso proceso de evidente decadencia que ya lleva décadas y que, por lucir irreversible, asombra obviamente al resto del mundo.
 
 
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.