El presidente del Tribunal Constitucional chileno tuvo –ante la golpiza- que ser rescatado por los Carabineros cuando estaba en el suelo

Durante la penosa década de los 70, distintos países de América Latina vivieron conflictos armados internos en los que se enfrentaron quienes proponían reproducir el modelo comunista cubano con quienes, en cambio, defendieron los ideales democráticos.
 
En esos profundos conflictos se consumaron toda suerte de delitos de lesa humanidad, de los que fueron responsables individuos que pertenecían a las dos facciones de las disputas.
 
Esa década resultó trágica para nuestra región y las cicatrices entonces generadas aún no han cerrado del todo. Prueba de esto es la reciente agresión sufrida por el presidente del Tribunal Constitucional de Chile, Iván Aróstica, que fuera duramente golpeado por un grupo de manifestantes de izquierda, luego de una jornada de audiencias públicas presididas por el mencionado magistrado, en la que se analizara el cuestionamiento de varios senadores pertenecientes a la actual coalición de gobierno de las nuevas exigencias para que los condenados por crímenes de lesa humanidad puedan –ellos también- acceder al beneficio de la libertad condicional.
 
El presidente del Tribunal Constitucional chileno tuvo –ante la golpiza- que ser rescatado por los Carabineros cuando estaba en el suelo después de haber sido objeto de patadas y puñetazos por parte de presuntos representantes de agrupaciones que se dicen “defensoras de los derechos humanos”.
 
Las normas en vigor en Chile, aprobadas en noviembre pasado, exigen, aunque sólo y exclusivamente para los condenados por delitos de lesa humanidad, que para obtener el beneficio de la libertad condicional: (i) se haya cumplido al menos dos tercios de la pena; (ii) que quien lo solicita haya colaborado con el accionar de la justicia durante su indagatoria; y (iii) que se suscriba una manifestación de “arrepentimiento” por los crímenes cometidos.
 
Sobre lo antedicho, el Poder Ejecutivo chileno, pese a no ser parte en el proceso que tramita ante el Tribunal Constitucional, presentó un escrito, de 47 páginas, con sus observaciones. El mismo fue firmado por el presidente Sebastián Piñera, y dos de sus ministros. El contenido del escrito advierte que las exigencias que la ley chilena impone a los condenados por delitos de lesa humanidad para poder acceder al beneficio de la libertad condicional vulneran los principios de “auto-incriminación” y de “libertad de conciencia”, que en Chile, como en la mayoría de los países de la región, son de raigambre constitucional. A lo que puede ciertamente agregarse que esas restricciones no están previstas en el Estatuto de Roma y conforman un trato desigual y discriminatorio.
 
El debate sobre el tema referido continúa siendo apasionado y generando incidentes y episodios lamentables, precisamente como el que acaba de tener como víctima al presidente del Tribunal Constitucional de Chile, en la que no solamente ha sido una vergonzosa y cobarde agresión, sino una demostración de que la violencia continúa instalada en los corazones de algunos pese al tiempo transcurrido desde el conflicto de los 70.
 
La libertad condicional, recordemos, no extingue la condena ya recaída sobre quien la solicita, ni modifica la duración de la pena. Es, más bien, una flexibilidad respecto de cómo y de qué manera se cumple la pena por parte del condenado.
 
Lo sucedido en Chile muestra, una vez más, que el conflicto de los 70 mantiene aún algún grado de vigencia y que la intolerancia que campeara en esa violenta década, tiene todavía sus cultores.
 
Llama la atención que no hayan existido todavía esfuerzos específicos destinados a tratar de sanar las heridas que puedan todavía estar abiertas y a reconciliar a una sociedad que ciertamente fue víctima, en su conjunto, de la violencia desatada en la trágica década de los 70.
 
Sin esfuerzos sinceros que empujen a la reconciliación, ésta puede postergarse por largo rato.Y la pregunta que entonces se impone es si, para las sociedades en su conjunto, esa es, o no, la mejor alternativa.
 
Tengo la sensación de que empujar en dirección a la reconciliación es, entonces, un esfuerzo necesario que, de no hacerse, mantendrá profundamente lastimados a nuestros pueblos. Negarse a tratar de evitar que esto suceda y, en cambio, buscar sinceramente la reconciliación, no puede ser una conducta equivocada. Porque, sin reconciliación, la paz social, como queda visto, se mantiene en la fragilidad y la sed de venganza perdura.
 
Reconciliarse es perdonar, en lugar de dedicarse a profundizar y mantener los resentimientos, más allá de las causas, directas o indirectas, que pudieran haberlos generado y mantenido en el tiempo.Se trata, nada menos, que edificar paz, en lugar de alimentar resentimientos estériles.
 
 
 
(*) Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas