Nicolás Maduro armó a medio millón de milicianos y lanzó oleadas de motociclistas que, también armados, atacaron a los manifestantes

Los venezolanos saben bien que luchan nada menos que por su libertad, esto es por no ser esclavos del marxismo. Saben también que las valientes protestas que han emprendido pueden ser su última oportunidad para sacarse de encima la tiranía de Nicolás Maduro que los ha sumergido en la escasez de todo, después de destrozar la economía venezolana.

Por eso salieron ayer masivamente a las calles de Caracas y de otras localidades venezolanas, en Táchira, Barinas, Nueva Esparta, Mérida y Zulia, entre otras. La multitud superó, con creces, la concentración del 11 de abril de 2002.

Hoy habrá una nueva y gigantesca manifestación convocada esta vez por Henrique Capriles Radonski, uno de los líderes más populares de la oposición, recientemente inhabilitado, pero que por el momento ha eludido la prisión en la que Nicolás Maduro mantiene –en cambio- a otros populares políticos opositores.

La respuesta de Maduro a las protestas quedó evidente a través de las cámaras de televisión. Fue simplemente la más dura represión emprendida jamás por las fuerzas militares y de seguridad venezolanas contra un pueblo desarmado. Pocas veces en la historia se ha visto una cobardía tan enorme.
 
En busca de militarizar a Venezuela, Nicolás Maduro armó a medio millón de milicianos y lanzó oleadas de motociclistas que, también armados, atacaron a los manifestantes. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sintetizó, en una frase muy certera, lo sucedido en las recientes manifestaciones, denominando al uso de la fuerza contra el pueblo venezolano: “acción represiva homicida”, porque esto y no otra cosa es lo que supone armar a civiles para atacar a manifestantes pacíficos y desarmados.
 
El número de víctimas en la represión de las últimas manifestaciones sigue creciendo. El miércoles pasado se agregaron tres muertos, 400 detenidos y 20 periodistas agredidos por las fuerzas “del orden”. Entre los manifestantes murieron asesinados con balas en sus cabezas, un joven de 17 años y una mujer de 23. El primero cayó como consecuencia de los disparos de los motociclistas de Nicolás Maduro, en San Bernardino, en el noroeste de Caracas. La segunda víctima fue asesinada en la plaza San Carlos, de la localidad de San Cristóbal, en Táchira. A ellos se sumó la muerte de un sargento de la Guardia Nacional, abatido por un francotirador, en el estado de Miranda. Con estas 3 muertes, los asesinatos suman 8 víctimas en las últimas tres semanas. Una situación que luce, entonces, insostenible.
 
Hay –flotando- dos grandes interrogantes. El primero es ¿hasta cuándo las fuerzas armadas venezolanas continuarán reprimiendo cobardemente a sus conciudadanos desarmados? Puede haber límites, como lo sugiere la conmovedora foto que ha recorrido el mundo, de una anciana venezolana que se paró, absolutamente sola, frente a una tanqueta artillada de las fuerzas de represión, a la que obligó a retroceder. Los operadores de la tanqueta pudieron haberla asesinado, protegidos por su blindaje. Pero no lo hicieron. Dudaron. Se fijaron un límite y decidieron no asesinar y poner, en cambio, marcha atrás. Si esta misma fuera la actitud de las fuerzas armadas venezolanas, la represión de Maduro puede de pronto encontrar un límite. No se sabe cuándo, ni con qué costo en términos de vidas humanas. El segundo interrogante tiene que ver con la duración de las protestas. Si estas continúan siendo masivas, la economía venezolana entrará en colapso, desde que el país está virtualmente paralizado.
 
La región no está en silencio, con la excepción de los pequeños países centroamericanos y caribeños que no desean perder los subsidios que reciben de Venezuela. Prácticamente todos los países más representativos, desde la OEA, han asumido una posición clara en defensa de la democracia y del derecho a la libertad de expresión y de protesta.
 
Algunos con mayor notoriedad que otros, asumiendo en esto una suerte de liderazgo regional. Entre ellos Perú, que retiró su embajador de Caracas y no lo ha hecho regresar, y Colombia, donde su activa canciller no ha vacilado en convocar también a las Naciones Unidas para impulsar una solución pacífica de la crisis venezolana. Curiosamente, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, volvió a hacer declaraciones públicas en favor del derecho de protesta. Tomando distancia de Nicolás Maduro y sus acólitos.
 
Los funcionarios públicos venezolanos responsables de lo que sucede no podrán dejar de asumir las graves consecuencias de la represión desatada contra los venezolanos. Tarde o temprano comparecerán ante los tribunales, sean estos domésticos o internacionales.
 
Está claro que la represión venezolana constituye una violación al derecho humano por excelencia, que es nada menos que el derecho a la vida. Además de otras violaciones que tienen que ver con otros derechos humanos y con las libertades civiles y políticas. Salir a la calle a protestar pacíficamente nunca puede ser calificado fraudulentamente de “golpismo”.
 
La larga crisis venezolana empieza a parecer terminal. El pueblo venezolano, según quedó demostrado en las protestas masivas, ha perdido el miedo. No ha sido intimidado ni por las amenazas, ni por los hechos represivos del gobierno de Nicolás Maduro. Ni por las balas. Parecería estar diciendo: “basta ya”.
 
¿Cuál es la salida? Responder a las exigencias del pueblo, que son fundamentalmente tres. La primera, convocar a elecciones generales, de modo que sea la gente, con sus votos, la que decida el futuro de Nicolás Maduro.Y el de Venezuela. La segunda, liberar a todos los presos políticos y levantar las fraudulentas inhibiciones dictadas contra los políticos opositores por Nicolás Maduro y por una justicia que le es absolutamente adicta, en busca de quitar representatividad a quien en definitiva resulte el candidato presidencial opositor. Y tercera, resolver la profunda crisis humanitaria y social que vive Venezuela, donde ya no hay alimentos ni medicamentos suficientes, donde hay escasez de todo y ausencia de paz.
 
Nuestro país debiera alzar su voz con mayor sonoridad, como lo están haciendo Colombia y Perú. No es momento para frases tibias, ni para la retórica, ni para tratar de pasar desapercibido. Lo de Venezuela no podría ser más grave. Es ya un estado policial, donde los nubarrones de corrupción y narcotráfico se han extendido y son los que, quizás, alimentan la lealtad de algunos jefes militares venezolanos que continúan respaldando a Nicolás Maduro y empujando a Venezuela en dirección a Cuba.
 
 
Emilio J. Cárdenas.
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.