La política exterior de la Unión Europea hacia Cuba ha estado regida desde 1996 por la denominada Posición Común, una iniciativa que condiciona el avance en la cooperación con el país caribeño a las “mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Cuba se mueve. Por deseo propio o por imposición de las circunstancias, pero lo hace, y el proceso de reformas económicas que tiene lugar en la Isla de gobierno comunista atrae la atención de los gobiernos de la Unión Europea y EE.UU., que se interrogan si no es hora de cambiar unas estrategias que hasta ahora han llevado más a la confrontación que a transformaciones políticas.

El país caribeño, en el que el Estado poseía el control de todos los medios de producción —tanto de las grandes termoeléctricas como de los pequeños puestos de fiambres—, y donde lo “raro” y “políticamente sospechoso” era ser un trabajador autónomo y no del sector estatal, se ha ido desligando de esquemas que solo derivaron en la incompetencia económica, y ha puesto en manos de la población la gestión de pequeños negocios, tanto restaurantes, como hostales, peluquerías, taxis, etcétera, además de abrir la puerta a la inversión extranjera directa en sectores antes “sagrados”, como la agricultura cañera (una empresa brasileña ya corre a cargo de la modernización y explotación de un central azucarero). 

Llamada a la inversión extranjera
Las fórmulas para sacar adelante al país incluyen una nueva ley de inversión extranjera, que se pretende más atractiva para las empresas foráneas: si hasta el momento estas fueron vistas como un “mal necesario” o un simple complemento a la estrategia inversionista local, en la legislación que se espera aprobar en marzo los recursos extranjeros ocuparán “un papel importante”, ha asegurado una fuente del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Un signo de esto son las obras para la modernización de la terminal portuaria de Mariel (a 45 kilómetros de La Habana), a cargo de la compañía brasileña Odebrecht, con una inversión de 1.092 millones de dólares. Tendrá capacidad para buques de gran calado y para la gestión de grandes volúmenes de carga. La creación allí de una Zona Especial de Desarrollo, en la que empresas locales y foráneas operarán con trámites más simplificados y con una infraestructura competitiva, quiere ser una “tentación” para las compañías norteamericanas y un mecanismo que dinamice aun más el comercio en la región, a la vista de la ampliación del canal de Panamá.

Esta mayor apertura al exterior en lo económico engarza, en buena medida, con el encaje de la Isla en el contexto latinoamericano. La Habana acaba de acoger la II Cumbre de Estados de América Latina y el Caribe, un foro en el que no participan EE.UU. ni Canadá, y en cuyo comunicado final se fustigó la cincuentenaria política del embargo norteamericano. Si se va incluso más atrás, a la reunión entre la CELAC y la UE en 2013, llama la atención un detalle de la foto oficial: Raúl Castro y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, saludan en primer plano. Hay 180 grados de diferencia ideológica, pero ambos están ahí, muy cerca, y cualquier intento de excluir al primero habría abocado el evento al fracaso.

Así, Washington y Bruselas estarían tomando nota: si el entorno latinoamericano y caribeño es favorable a La Habana, y si a lo interno hay indicios de “movimiento”, ¿por qué no “moverse” ellos también? 

Derechos humanos: la manzana de la discordia
La política exterior de la Unión Europea hacia Cuba ha estado regida desde 1996 por la denominada Posición Común, una iniciativa que condiciona el avance en la cooperación con el país caribeño a las “mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Como la tendencia tradicional de La Habana ha sido levantar el puente levadizo en cuanto siente amenazado el castillo, muy poco ha logrado la Posición Común, más allá de, en períodos de tensiones, ver a los embajadores europeos cruzados de brazos, al no ser recibidos por la Cancillería cubana.

La reciente decisión de algunos países europeos de pasado comunista, de desbloquear un mandato para que Bruselas negocie un acuerdo de diálogo político y de cooperación con La Habana, persigue sustituir la Posición Común por un marco de relación que Cuba no entienda como punto de presión.

En teoría, todos los temas estarán sobre la mesa, incluido el de los derechos humanos, que suele levantar chispas: si la prensa estatal cubana suelen mostrar una Europa a punto de irse por el precipicio y donde los derechos de las minorías son alegremente pisoteados, Cuba solo es noticia a este lado del Atlántico cuando se produce el arresto de manifestantes opositores.

“Los temas más difíciles van a salir”, augura el embajador de la UE en Cuba, Herman Portocarrero, para quien ambas partes comparten un “terreno común” en los derechos sociales y colectivos (el acceso universal a la sanidad y la educación, por ejemplo), pero difieren en cuanto al ejercicio de derechos individuales como la libertad de expresión y asociación.

Otra realidad, la de las inversiones europeas en la Isla, puede ser potenciada una vez que se normalicen las relaciones políticas (unas 169 empresas de países de la UE tienen presencia allí). El bloque comunitario, segundo socio comercial del país caribeño, desea acompañar el proceso de transformaciones económicas en marcha y ocupar nichos en un país en el que “todo está por hacer”, según hiperboliza un estudio financiado por la UE y redactado por economistas de la Universidad de La Habana.

Estos destacaron las ventajas que las compañías europeas encontrarían en la Isla, como la alta calificación de la fuerza de trabajo, las posibilidades de expansión interna, y los bajos niveles de violencia, sin callarse un hándicap como la desmotivación y la falta de disciplina, fruto de un acendrado pesimismo sobre el mejoramiento económico personal, “que disminuye la calidad del capital humano”.

 Más “creatividad” en la Casa Blanca
Cuando los guerrilleros de Fidel Castro entraron en La Habana en 1959, el actual presidente de EE.UU., Barack Obama, no había nacido, y si pocos podían imaginar entonces que un político afroamericano se sentaría alguna vez en el Despacho Oval, quizás menos hubieran vaticinado que aquellos barbudos seguirían al mando de su país 55 años después…

Quizás por eso, el mandatario demócrata y su secretario de Estado, John Kerry, han llamado recientemente a ser “creativos” en la relación con Cuba, visto el fracaso del embargo económico y financiero vigente desde 1960, que año tras año la Asamblea General de la ONU insta a levantar.

El cese de las restricciones a los cubanoamericanos que desean viajar o enviar remesas a su país natal, las conversaciones sobre temas de inmigración, correos y seguridad con el gobierno de La Habana, y las declaraciones cada vez más frecuentes de políticos de los dos partidos a favor de recomponer los nexos para que EE.UU. no quede al margen de la apertura económica que tiene lugar en la Isla, son noticias que ilustran el avance de un necesario pragmatismo.

También el exilio cambia
Si, además, a los gestos de la Casa Blanca se les suman los de importantes miembros del exilio, otrora tenaces opositores a cualquier intento de diálogo con el gobierno comunista, y si los sondeos dan cuenta de que un mayor número de cubanoamericanos favorece hoy la normalización de las relaciones bilaterales, podría hablarse de la consolidación de una tendencia.

Las noticias habrían sido impensables pocos años atrás: que un magnate del azúcar, como Alfonso Fanjul, estrechamente ligado al Partido Demócrata y a la familia Clinton, haya puesto el pie más de una vez en La Habana en los últimos meses y considerado incluso la posibilidad de invertir en Cuba “bajo ciertas condiciones” y llevar de vuelta a casa “la bandera familiar”; o que una encuesta de Atlantic Council arroje que el 79 por ciento de los cubanos residentes en la Florida favorece la normalización de las relaciones, frente a solo un 21 por ciento que se opone, indican que es tiempo de que la Casa Blanca vaya armonizando su política con lo que le dicta un segmento poblacional no despreciable en un estado con peso electoral.

¿Levantar el embargo? Aunque quisiera, Obama no podría, pues desde 1996 es una potestad del Congreso gracias a la ley Helms-Burton, firmada por Clinton luego de que la fuerza aérea cubana derribara dos avionetas pilotadas por cubanoamericanos que lanzaban octavillas sobre La Habana. Pero sí habría un grupo de decisiones que el Ejecutivo podría tomar y que varias instituciones y personalidades le han sugerido, como que apoye financieramente a las empresas que van surgiendo en el país caribeño al calor de las reformas, que amplíe los permisos de viaje a empresarios de EE.UU., y que retire la prohibición de que los buques que hayan entrado a puertos cubanos puedan tocar territorio norteamericano en seis meses.

Por otra parte, el presidente demócrata podría considerar la invitación cubana al canje de un contratista norteamericano capturado en la Isla en 2009 mientras distribuía equipos de comunicación a grupos opositores por encargo de la USAID, por tres agentes cubanos presos en EE.UU. desde 1998. Dado que Obama va “de salida” en su segundo mandato y las presiones en contra pueden ser más sorteables, un gesto de este tipo favorecería la normalización de los vínculos.

Decididamente, para influir, hay que estar. Hay sentarse a conversar. Y es ese el criterio lógico que, al parecer, se va abriendo paso.