Luis Miguez augura en este artículo que la próxima consulta causará división en el electorado del PP, algo que ha de ser asumido por los dirigentes del partido.

ANÁLISIS
El Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero ha reaccionado con prontitud tras
llegarse a un acuerdo sobre el nuevo Tratado de la Unión Europea,
pretendidamente constitucional, al anunciar su disposición a convocar un
referéndum acerca del mismo. Hay que aplaudirle por ello, pues, como resaltaba
yo en un artículo anterior, será la primera vez que los españoles nos podamos
pronunciar directamente sobre los avances del proceso de integración europeo y
nuestra participación en él.

Los riesgos de la consulta para el Gobierno
son, en principio, mínimos. Es conocido el alto grado de entusiasmo con que la
población y los políticos españoles han acogido siempre el proceso de
integración, lo que augura una amplia victoria del sí al nuevo
tratado.

En cambio, el principal partido de la oposición, el PP, no se va
a hallar igual de cómodo ante el referéndum, a pesar de que también había
prometido convocarlo cuando gobernaba. Las recientes declaraciones del ex
Presidente Aznar, poco menos que pidiendo el voto contrario al tratado, frente a
la postura oficial de su partido a favor del sí, lo han puesto de
manifiesto.

En efecto, el texto finalmente aprobado supone un serio revés
para España con respecto a la posición negociadora que había mantenido bajo el
Gobierno del PP y que, como es conocido, consistía en defender el reparto de
poder acordado en Niza, muy favorable a nuestros intereses. Muchos votantes del
partido tampoco se sentirán inclinados a apoyar un texto que omite
premeditadamente toda referencia al cristianismo entre las referencias
históricas y culturales de su preámbulo, haciendo caso omiso de la peticiones
del Gobierno español cuando Aznar estaba al frente del mismo y de otros
Gobiernos europeos.

Sin embargo, el PP no puede recomendar el voto en
contra del nuevo tratado so pena de dar la razón a los socialistas en las
acusaciones de anti-europeísmo y euro-escepticismo que dirigieron a los
populares durante la campaña de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, si
bien con menos éxito del esperado. Todo indica, así pues, que esta cuestión
puede abrir fisuras en un partido que en los últimos años se había mostrado
altamente cohesionado y disciplinado.

La división dentro del electorado
del PP es inevitable y esto ha de ser asumido por los dirigentes del partido.
Sus esfuerzos deberían dirigirse a minimizar los daños, lo que exige adoptar una
postura flexible y comprensiva, en vez de tratar de imponer una falsa unanimidad
que en este caso es imposible y podría resultar contraproducente.

En
realidad, la postura contraria al nuevo tratado basada en los motivos antes
apuntados no choca con los principios e ideales del PP, como tampoco la
favorable. El optar por la segunda en vez de por la primera se debe
fundamentalmente a exigencias de imagen ante la opinión pública. Por ello lo más
inteligente sería respetar ambas opciones independientemente de que el partido
como tal vaya a hacer campaña a favor del sí.

Este tipo de situaciones,
por lo demás, son comunes a muchos países de la Unión Europea. En España
deberíamos acostumbrarnos a ellas y verlas como un signo de madurez política
democrática.