Luis Míguez muestra en el presente artículo su apoyo a la propuesta de someter a consulta popular la aprobación del tratado constitucional comunitario.

ANÁLISIS
Los españoles nunca hemos podido pronunciarnos directamente sobre nuestra participación en el proceso de integración europea: ni cuando se produjo la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1985, ni con ocasión de la ratificación del Tratado de la Unión Europea y sus modificaciones posteriores. Esto debería cambiar en relación con la ratificación del nuevo Tratado de la Unión, indebidamente considerado constitucional, pero no por ello menos importante para el futuro de la integración europea.

Es cierto que tanto los políticos como la sociedad española siempre han mostrado un alto grado de entusiasmo por el proceso de integración, que hacía indudable el resultado de cualquier consulta sobre los sucesivos avances de éste. Sin embargo, esto no puede seguir sirviendo de excusa para hurtar al Pueblo español su derecho democrático a pronunciarse sobre una cuestión de tanta relevancia.

El escaso nivel de participación que han registrado las recientes elecciones al Parlamento europeo ha supuesto un nuevo toque de atención de las sociedades de las naciones que forman la Unión Europea a sus políticos sobre el déficit democrático que sigue registrando el proceso de integración. Ratificar algo que pretende ser una Constitución sin pasar por el veredicto de las urnas no haría sino acrecentar el alejamiento entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión, y el nuevo Tratado nacería, en el fondo, muerto para aquéllos y muerto para la democracia.

En todos los países europeos donde se han llevado a cabo consultas populares sobre los distintos progresos del proceso de integración, éstas han producido el efecto de hacer aflorar poderosos movimientos de opinión pública al margen y paralelamente a los partidos políticos clásicos. Ello no ha significado que éstos hayan perdido su carácter de instrumento fundamental para la participación política, pero ha servido para demostrar a las oligarquías que los dominan que se puede hacer política democrática al margen de sus designios y que si quieren conservar su protagonismo no pueden hacer caso omiso de las inquietudes y aspiraciones de los ciudadanos.

En España una consulta sobre el nuevo Tratado de la Unión será muy interesante para comprobar hasta qué punto los dos grandes partidos nacionales están en sintonía con las personas a las que se supone que representan. Ambos se han manifestado ya a favor de la ratificación del Tratado, a pesar de la merma de poder decisorio que supone para nuestro país en relación con lo obtenido por el Presidente Aznar en el Tratado de Niza.

En consecuencia, ninguno de los dos promoverá un verdadero debate sobre el proceso de integración europea y el papel que le corresponde a España en el seno del mismo. Tendrá que ser la sociedad la que se plantee la cuestión por sí misma. Lo que de aquí surja puede suponer, como ha ocurrido en otros países, una importante revulsivo para el panorama político nacional, obligando a los partidos a ser más plurales y abiertos a los ciudadanos.

La democracia española necesita, para alcanzar su plena madurez, que esta vez se nos permita expresarnos directamente en las urnas. Por higiene democrática, los ciudadanos tenemos que exigir a los políticos la convocatoria de un referéndum: que no se nos escamotee el derecho de decir la última palabra sobre este nuevo Tratado de la Unión Europea que se presenta como constitucional.