Luis Miguez analiza la diferente vara de medir que se aplica a determinadas prácticas en política exterior, a raíz del escándalo de las torturas en Iraq.

MIRADAS
No va a ser la mía la primera voz que denuncia la doble moral que se manifiesta una y otra vez en la opinión pública mundial a la hora de valorar las actuaciones de los diferentes actores de la escena internacional. Sin embargo, nos hallamos en un momento en que esto resulta especialmente patente, por el escándalo de las vejaciones norteamericanas a prisioneros iraquíes.

Es evidente que la reacción frente a hechos moral y jurídicamente reprobables llevados a cabo por un país occidental, en este caso por la propia cabeza del mundo occidental, no es la misma que se produce cuando acciones similares o mucho peores son realizados por Estados del llamado Tercer Mundo o por grupos irregulares que no responden siquiera a la forma de organización estatal. La explicación de esta diferencia de trato es evidente: resulta escandaloso que un Estado que defiende la democracia y los derechos humanos, que de hecho interviene en otros Estados soberanos en nombre de esos principios, sea el primero en conculcarlos cuando las cosas se ponen difíciles.

Pero esta explicación, aparentemente lógica y plausible, no lo es tanto si se analiza en profundidad. El hecho es que con la descolonización de los años sesenta, la vieja distinción del Ius publicum europaeum entre Estados civilizados y pueblos que debían ser encaminados por los primeros por la senda de la Civilización mediante diversas formas de tutela se terminó, y todo el mundo quedó dividido en Estado soberanos, jurídicamente iguales entre sí.

El argumento que se utiliza para considerar contraria al Derecho internacional vigente (la “legalidad internacional”, como se dice a veces con un discutible anglicismo) una intervención como la de Estados Unidos en Iraq se basa precisamente en que éste, aun bajo un tirano como Sadam Husein, no dejaba de ser un Estado soberano. Ahora bien, si fuese verdad que los Estados soberanos son todos iguales, el juicio moral sobre las atrocidades que cometen sus aparatos de poder debería ser también idéntico y ser objeto de una condena de la misma intensidad. Al fin y cabo, las víctimas de abusos ilegales sí que son, siempre y en todo lugar, igualmente víctimas y merecedoras por ese hecho de la misma piedad.

El hecho es que la vieja distinción entre Estados civilizados y pueblos que carecen de esa forma de organización política no desapareció con la descolonización, sino que solamente se transformó en otra: Estados que consagran en sus leyes y en las prácticas habituales de sus aparatos públicos el respeto de los derechos humanos y Estados que no lo hacen. Estos segundos quedan sujetos a la eventual intervención “humanitaria” de la Comunidad internacional.

Lo que ocurre es que, como ésta ha alcanzado un grado de organización todavía muy incipiente y rudimentario, las intervenciones “humanitarias” con frecuencia se tienen que canalizar a través de un Estado o una coalición de Estados concretos que tengan la voluntad y la fuerza necesarias para llevarlas a cabo. El problema que esto presenta es que los Estados únicamente actúan allá donde no sólo el ideal humanitario, sino también sus propios intereses nacionales lo demandan.

Reaccionar más intensamente frente a las vejaciones de los norteamericanos a prisioneros iraquíes que frente a las que inflingía, por ejemplo, el régimen de Sadam Husein no ya enemigos de guerra, sino a la propia población del país, no deja de ser una admisión implícita de que las primeras son más reprobables que las segundas, a pesar de su menor intensidad y extensión. Esto supone reconocer la superioridad moral de los Estados occidentales sobre los gobernados como el Iraq del antiguo dictador: por eso precisamente se les exige más.

Sólo queda por dar un paso para acabar de descubrir la gran hipocresía que encierra la doble moral en la política internacional. Quien atribuye con sus palabras o con sus actos superioridad moral a los Estados occidentales por su carácter democrático y por proteger los derechos humanos, les está reconociendo también el derecho a intervenir en los Estados que no reúnen esas condiciones.