Una comunidad indígena peruana aspira a paralizar el proyecto de una compañía minera que desea secar cuatro lagunas cercanas, bajo cuyo lecho se presupone la existencia de oro.

Más que invocar a la Pachamama
 Como la extracción de este metal suele dejar un alto nivel de contaminación ambiental, lo más lógico sería que se pidiera la opinión de la población local. De hecho, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, insta a los gobiernos a consultar a los interesados “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Perú: ¿Indígenas o comunidades agrarias?
Pero ¿indígenas en Perú? “No, no hay”. Al menos no para el presidente Ollanta Humala, llegado al poder bajo un halo izquierdista que hizo pensar a muchos que podría parar los excesos de las compañías extractoras en ese país. Y no: como la riqueza minera se encuentra en áreas rurales en las que viven comunidades autóctonas económicamente desfavorecidas y tradicionalmente apegadas a la agricultura, el mandatario prefiere denominarlas “comunidades agrarias”, con lo que se ahorra la mencionada obligación establecida por la OIT de pedirles su aprobación para cualquier proyecto.

Para Humala, los únicos aborígenes del país son los cerca de 350.000 de la región amazónica, mientras que los cinco millones que habitan la región andina (de lengua quechua, aymara, uro y jacaru) son sencillamente “campesinos”, y no habría que preguntarles nada porque, en definitiva, “son de los nuestros”.

Curiosamente, en Bolivia y Ecuador, donde líderes de una izquierda menos difusa que la del peruano se han sentado en la silla presidencial, la regla ha sido parecida en cuanto al trato con los pueblos nativos. Y es que no basta con escenificar, año tras año, entre las monumentales piedras de Tiahuanaco y con la presencia del presidente Evo Morales, el ritual indígena de invocación a la Pachamama (la “Madre Tierra”). Subsisten aspiraciones no resueltas en la base, y lo que es más, agudas contradicciones entre los que toman las decisiones y los que, en teoría, deberían ser sus beneficiarios.

Autogobierno indígena y conflicto en Bolivia
Tales diferencias a veces han llevado al derramamiento de sangre, como ocurrió en Bolivia en 2011 en el enfrentamiento entre la policía y una marcha indígena, en el departamento de Beni: los manifestantes se pronunciaban contra un proyecto de carretera que dividirá el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El choque de los grupos originarios con las fuerzas de seguridad dejó un saldo de ocho fallecidos.

La llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el dirigente indígena Evo Morales, supuso un avance para el segmento originario, que constituye el 60% de la población (en lo lingüístico, el castellano cohabita con 36 lenguas autóctonas).

Las nuevas autoridades sacaron adelante una nueva Constitución que favorece, entre otras cuestiones, el autogobierno indígena y la posibilidad de que se imparta justicia en algunas materias según los códigos de los pueblos nativos. Pero luego los habitantes del TIPNIS han entrado en conflicto con el gobierno de Evo Morales.

Los indígenas de la zona, afectados desde 1952 por el movimiento colonizador que incluía áreas selváticas de los departamentos de Cochabamba, La Paz, Beni y Santa Cruz, venían padeciendo por décadas el acoso de colonos, narcotraficantes y madereros.

El proyecto de autopista transoceánica, fraguado entre Morales y el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, le ha puesto la tapa al pomo. Para los habitantes del TIPNIS, la construcción de la vía puede implicar la destrucción del territorio y la pérdida de la biodiversidad, además de ocasionar perjuicios a sus modos de producción y sus lazos culturales e identitarios.

Una consulta discutida
Pero el plan ya tiene el visto bueno de La Paz, una vez conocidos los resultados de una consulta realizada en 2012 en las comunidades originarias de la zona. Según fuentes oficiales, de 69 comunidades indígenas, 11 se negaron a ser consultadas, y de las 58 restantes, tres votaron en contra. La “mayoría” era, pues, bastante clara.

“La consulta debió decir ‘por aquí pasará el camino, este es el impacto que ocasionará’, pero no les dijeron nada de eso; solo les preguntaron si querían salud, educación y proyectos; muchos quedaron confundidos y respondieron que sí, y las brigadas lo tomaron como un sí a la construcción de la carretera”, apuntó el dirigente aborigen Bernabé Noza.

Si la obra no ha comenzado aún, no ha sido por falta de ganas, sino porque el gobierno boliviano todavía no dispone de los recursos para acometerla. A los que siguen protestando, les ha llegado la advertencia de que si no se construye la carretera habrá irremediablemente recortes en los programas de atención priorizada a millones de niños y ancianos en todo el país.

Ecuador: descontentos con Correa
En un conflicto parecido se enzarza otro gobierno de la izquierda latinoamericana: el del movimiento Alianza País, de Ecuador. El presidente Rafael Correa, quien desde 2007 aplica un conjunto de programas sociales, intenta conectar con los más desfavorecidos, entre ellos los pueblos indígenas; sin embargo, las organizaciones indígenas han debido hacerle reclamos constantes para que garantice la protección de sus espacios.

Aquí la manzana de la discordia es el petróleo. El Ejecutivo ecuatoriano desea abrir las puertas de un extenso territorio amazónico, el Yasuní, a la explotación de hidrocarburos, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se opone. Según esta organización, el gobierno de Alianza País ha favorecido la explotación privada de esos recursos por parte de las transnacionales, y acendrado aun más la política “extractivista y contaminante”. Tales actividades afectan a la vida de poblaciones autóctonas de las regiones selváticas, como los Tagaeri y los Taromenane, recluidos en un aislamiento voluntario y que pueden tornarse muy hostiles contra quienes ingresen en sus zonas (dos religiosos franciscanos murieron en 1987, al intentar entrar en contacto con ellos).

Con la determinación, dada a conocer en días pasados, de suspender la moratoria a la explotación petrolera en el Yasuní, el ejecutivo de Correa entra en cortocircuito con los aborígenes. Fracasada una iniciativa para que la comunidad internacional proveyera al país de fondos por 7.000 millones de dólares, a cambio de los cuales las reservas de hidrocarburos de esa región se quedarían bajo tierra indefinidamente (con la loable preservación de la riqueza biológica del entorno, y la no emisión de unos cuantos millones de toneladas más de dióxido de carbono), Quito ha encargado a la estatal Petroamazonas el inicio de las obras, y se dispone a invertir inicialmente unos 500 millones de dólares en ellas.

Sabedor de que cualquier problema de contaminación aumentará el disgusto hacia su decisión, el gobierno anuncia el empleo de técnicas que reduzcan los riesgos al mínimo, como el bombeo del crudo hacia una refinería lejana del área boscosa, y el movimiento de equipo pesado por vía fluvial o por helicópteros.

Defensa de los derechos territoriales
No obstante, estas precauciones no convencen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que se ha declarado “en alerta y vigilia permanente” por la defensa de sus derechos territoriales. Al calificar al gabinete de Correa de “neoliberal, proimperialista y entreguista”, la organización deja ver su profunda decepción para con una opción política que llegó a convencerles de que sus opiniones serían escuchadas.

Quienes apoyan su reclamo evocan el desastre causado por Chevron-Texaco durante más de 40 años en la Amazonía ecuatoriana. En 2011, un tribunal de EE.UU. condenó al trust a pagar una retribución multimillonaria por el daño sistemático causado en esa zona.

Pero el ejecutivo de Alianza País ha decidido priorizar los ingresos por concepto de hidrocarburos, que le posibilitan la ejecución expansiva de sus programas sociales, en respuesta a los cuales las mayorías urbanas le otorgan su confianza en las urnas. De modo que las poblaciones indígenas del Yasuní deberán, por lo visto, “aguantar y esperar”.