El próximo 6 de noviembre, cuando las urnas comiencen a recibir los votos de los ciudadanos estadounidenses, habrá cerca de tres millones de estos que no podrán votar. La explicación reside en su lugar de nacimiento y residencia: Puerto Rico. Los nacidos en esa isla son, por derecho otorgado en 1917, ciudadanos estadounidenses, pero paradójicamente no pueden participar en las elecciones presidenciales.

Es ese uno de los sinsentidos del actual estatus del territorio como “Estado Libre Asociado” (ELA) de EE.UU., vigente desde hace seis décadas. Los puertorriqueños pueden elegir al que será su gobernador, cabeza de un gobierno cuyo único poder es recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes. Las relaciones exteriores, la defensa, la moneda, los programas federales de servicios públicos son, llanamente, dirigidos desde Washington. Y es lo que suena a discriminación.

Así, el próximo martes, mientras Romney, Obama y una lista de candidatos al Congreso y al Senado se disputan el favor de los votantes, los únicos puertorriqueños que podrán optar por unos u otros serán los que viven en el territorio estrictamente estadounidense. Para intentar acabar con este enredo, los boricuas residentes en la isla serán consultados sobre si desean mantener el actual ELA o adoptar una nueva forma de relación con Washington.

Tres opciones

Los votantes tendrán a mano una papeleta con dos preguntas: una, si quieren preservar intacto el ELA o adoptar alguna otra forma de estatus. En caso de que la opción escogida sea la segunda, tendrán otra pregunta sobre la variante que escogerían: la estadidad (integración en EE.UU. como un estado más), la independencia o un ELA “soberano”.

La primera posibilidad es la que impulsa el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), del gobernador Luis Fortuño. Esa fuerza política está desplegando una campaña de gran vuelo para convencer a la población de las ventajas que supondría integrarse de una vez en EE.UU. (el distintivo de su campaña es una estrella con un número 51). Según los sondeos, su propuesta es la que más simpatías atrae entre los que quieren cambios.

El 10 de octubre, el diario El Nuevo Día publicó el resultado de una encuesta en la que el 51% –en agosto era el 55%– se declaraba a favor de mantener el ELA. Entre los que quieren cambiarlo, el 44% favorece la anexión total, mientras que el 42% se decanta por la propuesta de la Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS): un “Estado Libre Asociado Soberano”.

Esta versión “mejorada” del ELA se basaría en una “asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas. Dicho acuerdo dispondría el alcance de los poderes jurisdiccionales que el pueblo de Puerto Rico autorice dejar en manos de Estados Unidos”.

La rama sería un poquito más independiente, pero, al final, no se separaría del árbol.

¿Temor a la independencia?

Según los sondeos, la opción con menos partidarios (4%) es la emancipación total respecto a EE.UU., propuesta por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Tradicionalmente, el tema de la independencia no ha calado en la población boricua, por el temor a perder determinadas prerrogativas y servicios sociales que la relación de subordinación a EE.UU. les garantiza. Existe, eso sí, un orgullo por los símbolos patrios (la bandera puertorriqueña, muy semejante a la cubana, nació en los días en que los independentistas de ambos pueblos unieron fuerzas para luchar contra España), y por el uso y defensa del idioma español.

En las urnas, no obstante, ese entusiasmo no se ha traducido en una apuesta por la separación total. De las cifras registradas en los tres plebiscitos celebrados anteriormente –en 1967, 1993 y 1998–, se puede observar cuán escasos porcentajes ha obtenido la alternativa independentista: 0,6; 4,4 y 2,5.

El profesor Ramón López Alemán, de la Universidad de Río Piedras, argumenta como independentista que la raíz de la desventaja está en varios factores, entre ellos la carencia de fondos y de militantes activos, cuando el resto de los partidos puede recaudar “millones de dólares de corporaciones y comercios”. Asimismo, explica que la gente teme que se pierda su voto en una opción minoritaria, y que posee un “miedo irracional” a la independencia, inculcado durante decenas de años con la idea de que todos los países hispanos están condenados por el destino a ser pobres o asolados por dictaduras militares.

Acostumbrados al ELA

Los esquemas, en efecto, tienen su papel, así como el peso de ciertas ventajas reales. Joyce Rospigliosi, una treintañera casada con un militar norteamericano, confiesa que apostará por la estadidad: “Creo que es el siguiente paso, pues ya somos un Estado Libre Asociado (o una colonia como muchos lo llaman), y a pesar de eso no tenemos los mismos privilegios que los ciudadanos americanos que viven en cualquier estado de EE.UU. [Por ejemplo,] los ancianos residentes en EE.UU. reciben mejor trato en el área de la salud y se les cubre la mayoría de los medicamentos”.

Según Joyce, la opción de la independencia es “un sueño”: “Todos los puertorriqueños tenemos ese sentimiento de ver nuestra isla libre, y que la bandera ondee al viento, pero es solo una ilusión. Cuando somos jóvenes somos independentistas, y luego, cuando uno se gradúa y ve la realidad, cambia de opinión”.

Por su parte, Yalmaris Jiménez, de 20 años y estudiante universitaria, opina que muchos jóvenes no irán a votar, pues, a pesar de sus diversas preferencias respecto al estatus político-territorial, no dan crédito a los políticos, que no han trabajado mucho para, por ejemplo, disminuir los altísimos niveles de incidencia delictiva. De hecho, un informe dado a conocer por la ONU en junio, ubica a Puerto Rico, con 26,6 homicidios por 100.000 habitantes, como la quinta isla más peligrosa en el Caribe, después de Jamaica, St. Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y el archipiélago de las Bahamas.

Los republicanos, en desacuerdo

Ahora bien, triunfe o no la estadidad o la opción del ELA Soberano, ¿qué posibilidad real hay de cambiar las cosas?, pues el referéndum –lo ha advertido el Congreso norteamericano– no es vinculante.

La Casa Blanca amaga con ir por otros caminos: en junio, durante una visita a la isla, Barack Obama –primer presidente que viajó allá después de Kennedy– remarcó que cuando Puerto Rico tome una “decisión clara” acerca de su estatus político, la administración demócrata la apoyará proponiendo al Congreso una consulta vinculante.

Sin embargo, según refiere el analista José Delgado en El Nuevo Día, si bien algunos presidentes estadounidenses se han interesado personalmente en el tema, ninguno lo ha convertido en prioridad. Y una paradoja: el PNP, impulsor de la anexión, es el homólogo boricua del Partido Republicano, pero cuatro de cada cinco representantes republicanos –incluido Paul Ryan, el hoy candidato a la vicepresidencia– votaron en 2010 contra un proyecto para que el Congreso legislara la convocatoria a un plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico.

No hay, por tanto, muchas posibilidades de cambio. En un contexto de grandes tensiones globales, Washington no querrá distraerse por los reclamos de un territorio que, a fin de cuentas, ha manejado sin grandes contratiempos durante más de cien años.