Luis Miguez explica las lecciones que ya deberíamos conocer sobre la ayuda al desarrollo. La responsabilidad y honradez de los gobernantes acaban siendo las claves.

FIRMA INVITADA
El nombramiento de Rodrigo Rato como nuevo director del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo no sólo europeo y norteamericano, sino también iberoamericano, ha vuelto a poner de actualidad la difícil cuestión del desarrollo de estos últimos países, que son los que con más frecuencia se encuentran en dificultades con las instituciones financieras internacionales. Sin embargo, el problema no es exclusivo de Hispanoamérica, sino que se extiende a la mayor parte del llamado Tercer Mundo.

Tras décadas de experiencia de la política para el desarrollo, sorprende que todavía no se haya afirmado en la opinión pública mundial un consenso que rechace determinadas interpretaciones extremistas que son evidentemente falsas. Por una parte, las que pretenden cargar de manera exclusiva la culpa de la situación de esos países al colonialismo pasado o al neocolonialismo presente de los países desarrollados de Occidente y a la propia actuación de las instituciones financieras internacionales. Por otra parte, las que, desde la posición justamente opuesta, ven en la renuencia de los países en vías de desarrollo a seguir fiel y ciegamente las recetas económicas preparadas en los laboratorios de esas instituciones la causa de todas sus desgracias.

En un país como España, que no hace demasiado tiempo tenía una situación económica y social no tan distinta a la de los países que hoy consideramos subdesarrollados, y bastantes menos recursos naturales que muchos de ellos, debería ser especialmente patente lo erróneo de semejantes apreciaciones. El ejemplo español demuestra que, por muy influyentes que puedan ser las posiciones históricas heredadas (en nuestro caso, una decadencia que parecía irrecuperable) y las injerencias externas, con responsabilidad y disciplina es posible alcanzar el desarrollo.

Nuestro Plan de Estabilización de 1959 significó sin duda ninguna una rendición a las presiones exteriores para que nos sumáramos a la ortodoxia económica capitalista, frente a la orientación corporativista y autárquica de la etapa inmediatamente anterior. Pero, como sabemos los estudiosos de la intervención pública en la economía, no supuso en ningún caso una liberalización descontrolada que dejase a las fuerzas del mercado a su libre albedrío, sino, bien al contrario, la sustitución de unas técnicas de intervención por otras no menos intensas, aunque adaptadas al modelo económico occidental.

Esto pudo funcionar no sólo porque España contase con un sistema jurídico que protegía debidamente los derechos de propiedad y de crédito de los particulares, como resaltan los expertos en la Historia económica y del desarrollo de formación anglosajona, sino sobre todo porque disponíamos de un sistema político-administrativo que funcionaba. En 1959 se habían dictado ya las grandes leyes que han edificado el Derecho administrativo español tal como hoy lo conocemos y que lo convierten en uno de los más avanzados del mundo, y la encargada de aplicarlas era una Administración pública que, con todos sus defectos, cumplía sus cometidos con un nivel razonable de honradez y eficacia.

El despegue económico de los ocho años de gobierno del Partido Popular ha seguido unas pautas similares: las ventajas que nos ha aportado la pertenencia a la Unión Europea, especialmente en forma de cuantioso fondos comunitarios, han sido aprovechadas mediante una nueva liberalización que, como la de 1959, ha sabido combinar la eliminación de formas de intervención que se habían quedado anticuadas con la construcción de infraestructuras y la introducción de nuevos instrumentos de gobierno público de la economía, en un marco de responsabilidad y honradez administrativa.

Estas lecciones deberían ser aprendidas y aplicadas a la ayuda al desarrollo. De nada sirve imponer ortodoxia económica a cambio de préstamos si no se exige responsabilidad y honradez a los gobernantes. Es dinero tirado al mar, que incrementa los niveles de corrupción, las diferencias entre ricos y pobres y, en los peores casos, las armas en circulación. El que un español esté por primera vez al frente del Fondo Monetario Internacional abre una puerta a la esperanza de que esta nueva sensibilidad se asiente en las institucionales financieras internacionales.